El pleno

El Congreso de los Diputados ha publicado su agenda para esta semana. Está previsto que entre el martes y el jueves, del 17 al 19 de noviembre, se celebre la sesión número 59. En el orden del día hay proposiciones de Ley y no de Ley, preguntas de los diferentes grupos parlamentarios, interpelaciones urgentes, convalidaciones (o no) de algún Decreto-ley del Gobierno, informes, dictámenes… Entre los Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas está previsto que el jueves se vote el “Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”, la conocida ya como Ley Celaá, antes de que pase al senado.

La nueva ley con la que se diseña un nuevo sistema educativo llega al congreso tras una discusión en tiempo récord por parte de la comisión que la ha trabajado. Al texto aprobado en el Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2019, se le han incorporado unas 350 enmiendas –de las más de mil presentadas–. El llamado oficialmente proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe) nace, desde el nombre, con una curiosa esquizofrenia. A pesar de ser Ley Orgánica por la materia que trata –la educación como derecho fundamental según la Constitución Española–, lleva en su nombre la ley que sus impulsores pretenden desterrar del todo.

Y es que el texto impulsado por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, se estructura en modificaciones parciales de la ley anterior –que ya seguía ese procedimiento–. Es decir, ni siquiera con las modificaciones más significativas –más ideológicas que pedagógicas– la comunidad educativa podrá olvidar las insuficientes respuestas que se clarificaron en la Ley Wert. Además, el hecho de que se hagan derogaciones parciales tampoco ayuda a comprender el trasfondo completo de la propuesta educativa que trae esta nueva ley.

En los titulares de esta ley están la cuestión del rechazo de una lengua vehicular, los recelos frente a la concertada, la consideración de la Educación especial como algo no tan ‘especial’, la irrelevancia del derecho de los padres a elegir centro, la extraña estrategia de combatir el fracaso escolar bajando la exigencia y evitando las repeticiones de los alumnos que lo pudieran necesitar, arrincona cada vez un poco más la clase de Religión, introduce el extraño procedimiento de los inspectores educativos que no sean de dicho cuerpo de funcionarios… Además de otras cuestiones como la falta de consulta y consenso entre los agentes sociales, el apelotonamiento de los plazos de tramitación o el ambiente generado por el hecho de que se haya negociado a la vez que los nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Las circunstancias

Situaciones como la pandemia del coronavirus o la fragilidad parlamentaria del primer Gobierno de coalición de la democracia no han ayudado a crear la serenidad necesaria para que el pacto educativo sea una realidad. La situación sanitaria vivida desde marzo ha sacado a la luz muchas sombras de la sociedad y la cuestión educativa no ha sido una excepción. El repentino cierre de los centros educativos ha obligado, de la noche a la mañana, a reinventarse a una comunidad educativa con desigual creatividad, competencia tecnológica o medias al alcance –por no decir situación médica personal–.

Muchos son los que consideran que “este no es el momento ni las formas” para aprobar una ley educativa que se pretenda duradera a medio plazo. Quizá lo sepan los legisladores que han apostado por las propuestas más ideológicas de quienes respaldan esta ley junto al PSOE, a saber Unidad Podemos, ERC, JxCAT, el BNG o Más País… Y es que más allá de situaciones polémicas como la de la cuestión de la lengua, hay enmiendas que pueden ser extravagantes como la petición de educar a los alumnos en empatía con los animales y las plantas. ¿Son estas la prioridades en un país a punto de entrar en colapso social?

Y es que, además de la indigencia digital en la que se mueve una buena parte de la escuela de este país, los planes que los centros educativos han tenido que aplicar han puesto de manifiesto que los gobernantes y planificadores no se han dado cuenta de que en los colegios no todo se centra en la clase magistral, que en el aula se han eliminado las distancias y se trabaja fundamentalmente en grupo cooperativo o que las actividades extraescolares son algo más que una excusa para tener entretenido a un niño. Por no decir, como es el caso de la escuela católica, la cantidad de momentos especiales que se generan con propuestas pastorales que ayudaban al alumnado a ser consciente de su camino recorrido, de su responsabilidad social o de su apertura a algo más grande. Una ministra hablando de clases en polideportivos como alternativa viable no ayuda a la comunidad educativa a otorgar confianza en su proyecto que trata de presentar la baza de la igualdad como única baza.

El manifiesto

Aunque la escuela de iniciativa social se ha unido en la plataforma Más Plurales, sus reivindicaciones son un intento de ir más allá de la supervivencia del modelo de la escuela concertada. El lema empleado por el colectivo, “Más libres, más plurales, más iguales” lanza un mensaje que interesa a toda la sociedad, incluso a quienes –caso inaudito en el mundo– contraponen escuela pública y concertada.

“La LOMLOE supone volver a imponer una ley partidista e ideológica, sin visión de Estado y sin atender el clamor ciudadano y de la comunidad educativa por la estabilidad y a favor de un Pacto de Estado por la Educación”, señala la plataforma al tratar de situar esta nueva ley. Esto afecta a toda la sociedad y no solo a los colegios sobre los que la iniciativa legal esparce la sombra de la sospecha.

Por ello, al comienzo de su manifiesto –firmado por casi un millón y medio de personas y en una página continuamente atacada por piratas informáticos– señalan que la Lomloe “es fuertemente intervencionista, promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo que es clave en una sociedad democrática”. Parece que se ha cumplido con creces lo que ha demostrado ser una toma de postura oficial cuando, hace ahora un año –el 14 de noviembre de 2019–, la ministra Isabel Celaá, ante 2.000 asistentes inauguraba el XV Congreso de Escuelas Católicas afirmando con contundencia aquello de que “de ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a elegir centro podría ser parte de la libertad de enseñanza. Elegir centro formará parte de derechos de los padres y madres en las condiciones legales, pero no son emanación estricta del artículo 27 de la Constitución”.

El murmullo de los directores, profesores y titulares de centros cristianos que llenaban entonces el auditorio se ha convertido hoy en un clamor social que, con toda probabilidad, no resonará en exceso en la votación de este jueves. La nueva política…

En el Blog “Me lo pregunto” de La Revista Vida Nueva