“Cuando todo sea privado, seremos privados de todo”.
(Grafiti anónimo en las calles de París hace unas semanas)

Nuestro país ha sido líder mundial en vacunación, algo que ha sido posible gracias al sistema de sanidad pública en el que los ciudadanos han confiado masivamente. Esto se fundamenta en nuestra Carta Magna: el artículo 43 de la Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud, que es responsabilidad del Estado: “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública”.

El sistema sanitario español ha sido considerado uno de los mejores del mundo, tanto por el nivel de prestaciones, como por su universalidad. En oposición a éste, el modelo neoliberal afirma la libertad individual de elegir el seguro sanitario que más le interesa al individuo. Ésta es la forma de organizar la sanidad en Estados Unidos, y en no pocos países.

Es decir, la prestación se realiza en buena medida en forma de negocio privado, en el que las empresas captan clientes, siguiendo la lógica del libre mercado. En teoría, al ser libre la oferta, los clientes eligen lo que más les conviene, y los precios se ajustan en función de las leyes de la competencia.

En el mundo real, las cosas no son así. En Estados Unidos, el país referente de este paradigma, millones de norteamericanos no tienen ningún seguro médico. Además, Estados Unidos tiene los servicios médicos y los medicamentos más caros del mundo. Cada año hay más de medio millón de bancarrotas familiares, la mayor parte motivadas por causas de enfermedades graves, porque, en Estados Unidos, independientemente del seguro que uno tenga, siempre hay un copago, y, en caso de tratamiento de enfermedad grave, las familias se arruinan. Porque ese “pequeño porcentaje” supone centenares de miles de dólares a los que no se puede hacer frente.

Sin contar las innumerables trampas legales para quitarse de encima a clientes que tienen la mala idea de acudir con enfermedades que exigen tratamientos caros. Esto no era así. Hasta los años ochenta del siglo pasado, el precio de los seguros sanitarios era razonable, y al ser los salarios elevados, todo trabajador podía pagar seguros médicos y medicamentos completos. Todo cambió en esa década, a partir de la liberalización de los mercados sanitarios y la implantación de leyes que permitían a las farmacéuticas y prestadoras de servicios médicos imponer los precios que quisieran, con la prohibición legal de impugnarlos. El resultado es una mortalidad femenina por encima de la media de países de la OCDE, y una mortalidad infantil mayor que la de Cuba. Todo a un coste que representa el 17% del PIB. El más ineficiente del mundo. Éste es el resultado de la “libre iniciativa” en cuestiones de sanidad.
Y ¿por qué traemos el ejemplo de Estados Unidos? Porque éste es el modelo que se quiere imponer en nuestro país.

En 1997 se aprobó la ley 15/1997, en la que se contemplaba la posibilidad de ceder la gestión de la sanidad pública a entes privados con la aprobación de todos los partidos. Esta ley fue contestada por el PSOE y PODEMOS cuando estaban en la oposición. Ahora parecen haberlo olvidado. Esta ley es el caballo de Troya por el que se ha dado comienzo a una lenta privatización de la sanidad, cuya fórmula es derivar los casos más graves- más caros- a la pública, y quedarse los menos complicados. Así lo más oneroso se paga entre todos, y los beneficios quedan para la empresa privada, en la más pura lógica neoliberal. Estas propuestas se suelen camuflar con mucho ruido patriótico y despliegue de banderas para que los votantes no se enteren.

Recientemente se ha presentado en Madrid, referencia neoliberal y castiza donde las haya, la ley “Omnibus”, que pretende crear una agencia privada que gestione todo lo público.

Todo ello va paralelo con el desmantelamiento de la sanidad pública. Por ejemplo, el 31 de diciembre, Andalucía despidió a 8.000 sanitarios, Madrid a 4.000. Y esto en plena pandemia. Paralelamente se han disparado los seguros privados en esta comunidad autónoma un 150 por ciento en el último año. ¿Casualidad o causalidad?

Está claro que el modelo público es el más eficaz, eficiente, seguro, y garantiza que todos puedan disfrutar de los derechos reconocidos en la Constitución. Es, además, lo más coherente con la Doctrina Social de la Iglesia, que siempre ha defendido la prioridad del Bien común sobre los intereses particulares.

La alternativa a este modelo implica que los derechos los disfruten solo quienes puedan pagarlos.