Hemos asistido con estupor a la iniciativa de un grupo de diputados, fallida hasta el momento, de proponer una comisión parlamentaria que estudie los casos de abusos en la Iglesia católica en España. No porque no creamos necesario ir al fondo de la cuestión y depurar de una vez por todas las responsabilidades y hacer justicia, sino porque a todas luces la propuesta tiene claros tintes ideológicos y anticlericales. Parece que, según las ultimas noticias publicadas estos días, será el Defensor del Pueblo quien lidere esta investigación que deberá extenderse a todos los ámbitos de la sociedad. La Conferencia Episcopal Española ha expresado claramente su disposición a apoyar una comisión independiente que investigue con amplitud estos delitos y colaborar en todo lo posible.

En cualquier caso, si bien es verdad que ha faltado altura de miras y durante años el silencio cómplice impidió actuar con contundencia denunciando ante la justicia los delitos cometidos, en esta última década la política de la Iglesia en este campo ha girado ciento ochenta grados. Desde el pontificado de Benedicto XVI, ahora sometido a juicio sumarísimo, se ha cogido el toro por los cuernos aplicando tolerancia cero ante cualquier comportamiento que suponga violencia sexual o vulneración de derechos, en especial de los más desprotegidos. Se ha pedido perdón en innumerables ocasiones por la connivencia y la negligencia durante años ante sacerdotes y consagrados depredadores sexuales y delincuentes. Se ha colaborado con la justicia y se ha querido estar, en cualquier caso, del lado de las víctimas desde la reparación y la justicia restaurativa.

El Vaticano informó alto y claro en 2014, ante el Comité de la Convención de los Derechos del Niño de la ONU en Ginebra sobre las medidas tomadas y la decisión de apartar del ministerio y poner a disposición de la justicia a más de cuatrocientos sacerdotes. Una vez más, la Iglesia pidió perdón, reconoció sus errores y se puso a disposición de la justicia para seguir luchando contra esta despreciable lacra al tiempo que se implementaron políticas de prevención y de defensa de los derechos de los menores. Parece que no ha sido suficiente.

Hay que seguir con esta tarea de limpieza con energía y decisión. Benedicto XVI se la jugó con coraje y valentía para liberar a la Iglesia de esta carga insoportable, asumiendo la culpa, afrontando responsabilidades y proponiendo caminos de regeneración. Durante su pontificado se dieron pasos decisivos en la legislación eclesiástica para asegurar que se pudiera acabar con silencios cómplices y estos abominables delitos fueran juzgados no solo en ámbito moral sino en el ámbito jurídico de cada país y en el marco de la defensa de los menores reconocida en el derecho internacional. Tiene razón quien afirma que Ratzinger no fue parte del problema sino, en buena medida, apertura decidida hacia la solución. Ahora que el Papa emérito es señalado con el dedo, es bueno poner las cartas boca arriba.

Francisco también ha hablado alto y claro. Se ha horrorizado ante el reciente informe de la pederastia en la Iglesia católica en Francia y ha pedido públicamente perdón. Afrontó con decisión la situación vivida en la Iglesia chilena destituyendo a buena parte del episcopado y sanando de raíz el problema, escuchando a las víctimas y extirpando un tumor invasivo que se había hecho sistémico. No le tembló el pulso al afrontar algunas acusaciones vertidas sobre algunos colaboradores cercanos como el Cardenal Pell, destituyéndolo de inmediato y dejando que actuase la justicia. Se ha manifestado con contundencia ante el asunto en numerosas ocasiones y ha impulsado nuevas medidas para que se siga actuando con decisión y sin ambages ante este delito injustificable. Pero es necesario seguir adelante reconociendo los pasos dados y los que aún faltan por dar. A nadie se le escapa que, a pesar de tantos esfuerzos, continúan los problemas en muchas partes del mundo, comenzando por la propia curia romana y siguiendo por la omertà de algunas conferencias episcopales y órdenes religiosas que siguen mirando hacia otro lado como si no fuera con ellas. El Pontífice es consciente de la situación y ha dado numerosas muestras de querer seguir por este camino con voluntad firme.

Las informaciones publicadas por algún medio en estos meses en nuestro país y que afectan a congregaciones, instituciones religiosas y diócesis españolas, se ajustarán más o menos a la realidad; podrán admitir diferentes lecturas o mirar de forma sesgada cuanto acontece; quizá no tengan suficientemente en cuenta el camino recorrido o pretendan exigir mayor altura moral a la Iglesia. Pero creo que lo relevante es no ignorar las denuncias fundadas, no ceder ante las dificultades y seguir impulsando políticas claras de absoluto rechazo hacia la violencia y la explotación sexual de niños, adolescentes o adultos vulnerables; de denuncia y de colaboración con la justicia en todo momento; de cercanía a las víctimas y reparación del daño; de protección de los menores y de las personas en situación de vulnerabilidad. La Iglesia lo sabe y es doloroso. Pero no hay tregua. Hay que seguir hasta el final con todas las consecuencias.