Acoger, proteger, promover e insertar

El Consejo de Ministros ha aprobado el martes pasado la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería que facilitará la concesión de permisos de residencia y trabajo a los menores extranjeros no acompañados y a los inmigrantes extutelados cuando cumplan 18 años. Es una muy buena noticia.

¿Qué ocurría hasta ahora en España cuando los adolescentes migrantes cumplen la mayoría de edad y deben abandonar el sistema de protección? Las administraciones no tenían respuesta. Teóricamente, el papel del estado termina cuando el joven se hace adulto y dispone de las herramientas necesarias como para vivir de forma autónoma y digna. Nada más lejos de la realidad. Cuando cumplen los 18 años, los chicos que han vivido parte de su infancia y adolescencia bajo el paraguas de la administración pública, se ven avocados a salir a la intemperie sin las habilidades idiomáticas, culturales o profesionales necesarias para ganarse la vida y ser independientes. Parece evidente que “el proceso de transición puede resultar especialmente precario y traumático para estos jóvenes que poseen un bajo nivel educativo y además se incorporan al mercado de trabajo sin habilidades sociolaborales previas” (Palma, 2019, pág. 9).

En la mayor parte de los casos – solo unos cuantos acceden a las pocas plazas disponibles en los llamados pisos de mayoría durante unos meses -, los jóvenes se encuentran en la calle y sin trabajo. De pronto, el estado se ha desentendido de ellos y han de volar solos sin el músculo necesario en una realidad compleja que no se lo pone fácil. Como señala el estudio reciente de M. Palma (Palma, 2019), “hasta el momento, en los países europeos en los que se dispone de datos se constata el alto porcentaje que alcanzan los jóvenes extutelados en casi todos los indicadores de desventaja social: pobreza, vivienda, desempleo, actividad delictiva y embarazos adolescentes” (pág. 8).

Pese a los numerosos estudios dedicados a la población menor inmigrante y la tutela de las administraciones públicas en estos años, todavía hacen falta algunas reflexiones y estudios serios sobre el tránsito a la vida adulta de estos menores no acompañados, así como de los proceso de capacitación e inserción laboral y su necesaria inserción en las sociedades europeas. En lo que respecta a España, estamos muy en mantillas a la hora de abordar socialmente esta realidad.  No se trata, naturalmente, de ampliar la tutela. Sino más bien de articular caminos y ofrecer alternativas que ayuden al tránsito de la tutela a la vida adulta a jóvenes con mayores dificultades para alcanzar la autonomía personal que otros jóvenes españoles de su misma edad con mayores posibilidades de acompañamiento, apoyo familiar o sostenimiento económico.

Solo 1 de cada 5 españoles menores de 30 años está emancipado en España. Este porcentaje aumenta del 30% cuando hablamos de jóvenes menores de 30 años provenientes de la inmigración. Con la mayoría de edad a los 18 años, los procesos de emancipación se complican extremadamente cuando desde el punto de vista jurídico el acceso a un trabajo que permita condiciones de vida dignas se hace poco menos que imposible. Un joven inmigrante con tarjeta de residencia temporal en España no está autorizado a trabajar hasta la concesión de la residencia de larga duración, tras cinco años de residencia legal en España. Si no puede trabajar, no puede subsistir y por tanto no puede renovar la tarjeta de residencia al no poder acreditar ante la administración la solvencia económica y los medios de subsistencia. Es la pescadilla que se muerde la cola. Para poder trabajar en los primeros cinco años de residencia temporal, se necesitan condiciones draconianas: un contrato a tiempo completo durante un año. Tal como están las cosas en España a nivel laboral, con las tasas de paro que sufrimos en el país y la economía a la baja, es muy difícil (por no decir imposible) que un empresario pueda contratar a un joven inmigrante a jornada completa y durante el menos un año. Las condiciones de subsistencia, pues, son enormemente complicadas y convierten a estos jóvenes ex tutelados en un colectivo altamente vulnerable.

Es justo aquí donde creemos que podemos intervenir educativamente. La propuesta educativa inspirada en el sistema preventivo de Don Bosco puede aportar también a este colectivo vulnerable acogida, acompañamiento, promoción e inserción para una vida digna. Sin lugar a dudas, los jóvenes extutelados pueden ser considerados dentro de la categoría de “jóvenes abandonados y en peligro” que intentamos traducir hoy con categorías actuales en clave salesiana.

Muchas de las actuales pobrezas juveniles convergen en la situaciones vitales de estos jóvenes que viven abandono, debilidad psicológica, inestabilidad emocional, afectiva y sexual, violencia, dependencias, dificultad de acceso al mercado laboral, desventajas sociales. Creemos que la traducción del sistema preventivo en procesos de acogida, acompañamiento, capacitación e inserción laboral pueden contribuir a la recuperación de muchos de estos jóvenes que desde la libertad, la confianza y las oportunidades pueden recorrer caminos de sanación personal, empoderamiento personal e inserción social.

Por eso creemos que el cambio en el Reglamento de la ley extranjería es una muy buena noticia que va en la buena dirección. Todavía hay mucho que caminar, pero se agradece este cambio a mejor. Mientras, inspirados por el Papa Francisco (acoger, proteger, promover e insertar) seguiremos comprometidos día a día por los derechos de los jóvenes más vulnerables sea cual sea su cultura y su religión.

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