La maquinaria del Estado español para elaborar leyes está en marcha. Entre otras, ahora aparece un borrador, en fase de estudio y presentación de aportaciones de distintos grupos sociales, que anuncia su intención de “crear” por ley un nuevo sistema de formación profesional. Sin duda, respecto de la constitución poética de la futura ley, tras una lectura del documento podemos encontrar coincidencias y diferencias con el que actualmente está operativo.

En primer lugar, cómo no, el borrador quiere explicitar un marco de referencia ideológico muy amplio y comprensivo de todos los elementos del discurso político y social en curso. Bajo el manto de un desarrollo personal y profesional del sistema, cabe una gran cantidad de “píldoras educativas”: el valor de la persona para el sistema productivo, la garantía de igualdad de condiciones de acceso para todas las personas, flexibilidad de las ofertas de formación, permeabilidad para el tránsito entre todos los niveles del sistema, transferencia de conocimiento entre la escuela y la empresa, centralidad de la persona entendida como posibilidad de superar la discriminación por discapacidad o vulnerabilidades, transparencia, equidad, inclusión, evitación de estereotipos de género, digitalización, transición ecológica, sostenibilidad ambiental, salud y atención a las personas, fomento de la innovación, investigación aplicada y emprendimiento…

Retos del Sistema educativo

Existe la posibilidad, por lo tanto, de entender que el sistema de formación profesional deberá articular respuestas a todos estos “retos” socio políticos. Quizás, demasiada carga ideológica para las parihuelas del entramado educativo. En todo caso, el borrador no desarrolla la mayor parte de estos conceptos ideológicos, más allá de una declaración de intenciones. Y quizás sea bueno que no entre en estos detalles, que harían el sistema tremendamente difícil de articular, aunque se sabe que las leyes se sustancian en los reglamentos. Habrá que esperar y ver en este punto.

En segundo lugar, muy importante y ambicioso, se manifiesta la determinación de dar una sensación de coherencia al total del sistema existente para la cualificación profesional de las personas. Y ello mediante, primero, la integración de las diferentes vías de acceso a la cualificación para la actividad profesional. A saber: titulaciones en el sistema educativo, certificaciones profesionales y acreditación de la cualificación adquirida en vías no formales (por experiencia profesional), que en el momento presente y desde hace muchos años se regulan desde la administración de trabajo. Todo ello, a partir de este nuevo marco legislativo, ¡bajo la tutela de la administración educativa! Y, en segundo lugar, aunque no menos importante, mediante su coordinación con los ámbitos de reconocimiento nacional (estatal) e internacional, particularmente europeo. Es decir, haciendo confluir las diferencias, contempladas de forma genérica, sin más detalles en el borrador de la ley, entre los contenidos de las cualificaciones a nivel autonómico (recordemos que hay un elevado porcentaje del currículo que actualmente decide cada gobierno regional) y a nivel europeo. Estamos ante un nuevo gran reto para el sistema, que se declara a favor de la mayor flexibilidad imaginable y garante de la mayor convergencia con los marcos europeos de cualificación profesional (no sólo el EQF, también CINE, que no son coincidentes entre ellos).

Un tercer aspecto a destacar, por su relevancia y alcance, es el impulso a la participación de los diferentes sectores productivos en el sistema de formación profesional. Para empezar, en la identificación y evaluación del rendimiento del sistema, mediante un impulso a la definición de las competencias profesionales (llamados “estándares de competencia profesional” ahora). Y, seguramente la estrategia “estrella” del nuevo sistema, mediante la implantación de una formación profesional dual que se hará omnipresente en todos los niveles del sistema, con dos niveles de compromiso (general y avanzada). Desaparecen las prácticas no laborales en empresas por completo. Se trata, en ambos casos, de opciones con las que ya se ha venido alineando la administración pública desde hace años. Pero la proporción en la que se pretende que participen en el sistema “por crear” es realmente asombrosa. Cuesta ver cómo un tejido empresarial que ha tenido dificultades importantes para prestar su servicio de formación con los estándares del actual sistema, más relajados y flexibles, podrá convertirse en responsable de articular entre un veinticinco y un cincuenta por ciento de los compromisos curriculares. Sí o sí. (El Departamento de Formación Profesional del Gobierno Vasco va a implantarlo ya el próximo curso, a modo de piloto y con sus adaptaciones particulares. El que da primero, da dos veces).

Interrogantes ante la nueva FP

Son, en este punto en particular, muy grandes los retos comprometidos por el futuro sistema. Algunos de ellos, sin ser exhaustivos, son: la capacidad de garantizar los estándares del sistema de formación profesional por parte de estructuras pensadas para producir, no para enseñar; la manera en que los costes que devengará la actividad en las empresas (muchas horas/hombre con gran peso en las cuentas de resultados) serán asumidos por éstas o repercutidos al presupuesto de la administración; la intención, o menos, de ajustar los costes de personal de las estructuras colegiales, que rebajan su actividad en un gran porcentaje horario; y, con los ojos puestos en nuestros jóvenes alumnos más necesitados, el incremento de costes que supone desplazarse a las empresas en lugar, o además, de a los centros educativos, la dificultad de hacerse con un puesto en el que se sientan respetados y ayudados como personas en aprendizaje en el ambiente empresarial…

El nuevo sistema tiene una estructura progresiva de cualificación, en cinco niveles, para dotar al alumno de competencias profesionales. En realidad, al final, las referencias sobre la ordenación de los currículos son al escenario de la LOE (2006). Quizás sea mejor “no meneallo”, porque la meta de las declaraciones de intenciones, gigantescas de ambición y crípticas en cuanto al qué, cómo, cuándo, cuánto, etc., no se ve fácil de realizar en el día a día de los centros de FP. Y, en cuanto a éstos, ni una palabra aporta el documento (intencionadamente, sin duda y confesadamente), sobre conciertos educativos, convenios, recursos, memorias económicas, plantillas, ratios…

Por último, en esta enumeración sucinta de temas en una primera lectura del anteproyecto, la dificultad para el profesorado de los centros de la tarea de incorporar al sistema, con ánimo quizás de dar mejor imagen de compromiso de éste con el progreso, cifrado en los “mantras” del discurso político nacional y europeo, los cuatro tipos de competencias que garantizará el sistema y las diez competencias transversales que incorporará sin defecto. El profesorado, siempre tan exigido y poco reconocido, deberá ser la piedra de toque del nuevo sistema que, a nuestro entender, le descuenta capacidad y competencias técnicas pero le exige un esfuerzo extra muy importante en la atención a la parte no escolástica del nuevo sistema.

Grandes retos que serán, veremos cómo cuando se acaben las tramitaciones y la ley esté escrita y publicada, antes de final del presente ejercicio (diciembre 2021), para los alumnos, las familias, los profesores, los centros educativos, las empresas y la sociedad toda fuente de oportunidades y amenazas a las que hacer frente con gallardía y esfuerzo. Toca estar muy atentos y trazar estrategias adecuadas para estar preparados. ¡Adelante, siempre adelante!