“Entre le fort et le faible, le riche et le pauvre, le seigneur et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit”. (Henri de Lacordaire. Conférence 52)
(“Entre el fuerte y el débil, el rico y el pobre, el señor y el siervo, la libertad oprime y la ley libera”).

Hace poco, una de las mentes privilegiadas de este país declaró que si había muchos pisos vacíos era porque los pobres propietarios temen que los inquilinos los vandalicen y, ante esta inseguridad, mucha gente prefiere tener los pisos desocupados. Lo peor no es que se digan tales majaderías, sino que cierta gente las aplauda y tome en serio, especialmente si se trata de víctimas potenciales de tales despropósitos.

Pues no, señores. El problema no son los usuarios, sino las políticas que han causado el aumento de los precios, tanto del alquiler, como de las hipotecas, convirtiendo el disfrute de la vivienda, en un privilegio, más que un derecho, como establece el artículo 47 de la Constitución. En él se reconoce el derecho a una vivienda digna, para lo cual “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas oportunas, para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo, de acuerdo con el interés general, evitando la especulación”. Ni qué decir tiene que a este artículo se le ha hecho poco caso, y las políticas de la vivienda han consistido en apoyar a los bancos, a través de la ley hipotecaria más implacable del universo.

Una ley que la Unión Europea ha intentado en vano hacer cambiar, pero aquí los tribunales están muy ocupados en diversas cuestiones. Si hubieran ejercido un tal celo en el tema de la vivienda, se hubiera evitado el desahucio a centenares de miles de familias, con su secuela de sufrimientos.
Esta situación no es una fatalidad. Es el resultado de políticas que han favorecido a los grandes poderes financieros, y olvidando las funciones que la constitución otorga al estado. Esto, además, está en línea con la doctrina social de la Iglesia desde la encíclica “Rerum Novarum”, en la que se propone la intervención del estado para asegurar salarios y derechos fundamentales. El papel del estado es defender a los que no tienen dinero, influencia, o amiguetes en la política. De eso carecen quienes viven de su salario, y especialmente si éste se ha visto mermado por la precariedad de estos años, que algunos consideran un mérito del que alardear.

En los últimos tiempos la vivienda se ha convertido en un valor de mercado, y eso implica que es objeto de especulación bursátil. Y cuando esto ocurre, los buitres revolotean en torno a los beneficios fáciles, y, provistos de cuantiosos fondos, compran miles de viviendas para obtener beneficios con los que regar a los especuladores de las antípodas que esperan su rentabilidad, que es causa de miseria y exclusión para otros.

La constitución prohíbe expresamente tales prácticas, aunque, no solo no se ha hecho caso de la Carta Magna, tantas veces invocada por quienes se autodenominan constitucionalistas, sino que han hecho lo contrario, como vender vivienda pública a fondos carroñeros, con el consiguiente aumento de los alquileres. Pero ya se sabe, que cuando se trata de rentabilidad, los principios quedan relegados en las estanterías polvorientas del cuarto de las ratas.

Estas “anti políticas” sociales han hecho subir desmedidamente el precio de la vivienda. Y, las tímidas reformas del gobierno son tildadas de comunistas por los patriotas de banderas al viento, olvidando que la limitación de alquileres está vigente en países tan poco bolivarianos como Francia, Alemania, Reino Unido o los Países Bajos, entre otros. Es más: en una reciente consulta realizada en Berlín, se apoyó la confiscación de 200.000 viviendas, para ser destinadas a viviendas sociales. Pero nuestras mentes preclaras no necesitan confrontar sus ideas con los datos. No sea que les estropeen el relato.

Por lo que a nosotros respecta, nuestro deber es estar siempre con los últimos, y una forma de hacerlo es sensibilizar a nuestros jóvenes en estos problemas. Evangelizar el currículum implica crear una cultura de los derechos y deberes de los ciudadanos. Explicar el contenido de la Constitución puede dar herramientas críticas para analizar el mundo. Y no dejarse llevar por los falsos patriotas que tan implacables se muestran con sus compatriotas más desfavorecidos.