Estos últimos días ha sido noticia, aunque un tanto apagada por muchas otras, la aprobación de la iniciativa legislativa popular (ILP), por la que se reconoce personalidad jurídica al Mar Menor, al que algunos llaman anticipadamente “el Mar Muerto II”.

Esta ILP tuvo el apoyo de 640.000 firmas recogidas en todo el territorio español, en aplicación de lo previsto en el artículo 87/3 de la Constitución.

La cosa viene de lejos. Viene de décadas de saqueo de los recursos naturales por parte de los poderes económicos regionales, con la complicidad de las administraciones públicas y la indiferencia de la mayor parte de la ciudadanía, a la que preocupaban más otros temas, y éste le parecía cosa de hippies y desocupados[1].

Todo empezó a finales de los sesenta, con la urbanización salvaje de la Manga del Mar Menor, un espacio geológico singular, que podría haber sido un original parque natural, único en Europa, y abrigo de una fauna específica singular. Podría haber sido, pero no fue. El resultado final fue una arquitectura del despropósito, en la que se han infringido todas las normas medioambientales y las de seguridad.

A la urbanización salvaje, siguió la explotación salvaje de las tierras colindantes y la proliferación de macrogranjas, (que nada tienen que ver con la ganadería tradicional, respetuosa del medio ambiente y generadora de riqueza y de empleo). El problema fue alertado hace décadas por ANSE (Asociación Naturista del Sureste), y otras asociaciones ecologistas. Pero la ciudadanía de la Región de Murcia ha sido siempre muy conformista con el poder, sea cual fuere su origen y naturaleza. La denuncia de la situación crítica del mar menor fue recurrente desde los años 80 del siglo pasado. Cada cierto tiempo ocurría un episodio de contaminación que perturbaba tímidamente la languidez del veraneo con algún titular llamativo. Las autoridades regionales hacían declaraciones y promesas de portarse bien, lo que tranquilizaba a los pacíficos murcianos, así que todo volvía enseguida a la normalidad de la siesta estival. Todo estaba en orden.

Pero todo estaba sumido en un profundo caos, cuyo avance se ha acelerado en estos últimos diez años. No han faltado las protestas del gobierno regional, e incluso algún propósito de enmienda, de poca duración y menos efecto.

Lo que sí ha abundado los últimos años ha sido el cruce de acusaciones entre el gobierno regional y el central, a pesar de que el artículo 10 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, en los números 6,7,8 y 9, deja sin sombra de dudas a quién corresponde la gestión del entorno del Mar Menor, que no es ni más ni menos que el Gobierno Regional.

Todo se ha acelerado estos dos últimos años: tantas agresiones provenientes de una agricultura y ganaderías, saqueadoras del medio ambiente, junto con las borrascas que han castigado la región, han puesto al Mar Menor al borde de ser considerado el Mar Muerto, pero sin su fortaleza de Masada.

Tal ha sido la situación, que hasta la gente de Murcia ha reaccionado, y ha puesto en marcha un proceso de recogida de firmas que ha desembocado en la ILP a la que hacíamos alusión al principio.

Dotar de personalidad jurídica al Mar Menor es hacerle objeto de una protección legal especial. Es un modelo de protección ambiental único en Europa, que puede abrir nuevos horizontes en las políticas medioambientales.

No se trata de romanticismos vacíos ni de idealismos estériles. Proteger la naturaleza es protegernos a nosotros mismos. Esto no han entendido muy bien los hosteleros del Mar Menor, cuando han visto caer en picado el número de turistas, y los propietarios de inmuebles, que han contemplado horrorizados cómo se depreciaban sus viviendas.

Entonces se ha entendido muy bien que formamos parte del medio, y lo necesitamos. Y  necesitamos a las plantas y animales singulares que lo pueblan, y no podemos aplicar el estúpido criterio utilitarista de preguntarse para qué sirve un caballito de mar.
La parte sarcástica del asunto es que, al final, son los clientes de Centro Europa quienes van a obligar a nuestros empresarios a respetar las leyes del medio ambiente, pues empiezan a boicotear los productos provenientes de la zona. Sería el colmo.

[1] Para deshacer cualquier tipo de malentendido, declaro solemnemente que soy murciano, lo que me da un cierto conocimiento de la realidad de mi región, y libertad de autocrítica.