Cuatro años de la LOPIVI: protección de la infancia frente a la violencia

20 enero 2026

Comunicación CEPSS

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Avances, alertas y retos pendientes en la protección de la infancia frente a la violencia.

Cuatro años después de la aprobación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), su desarrollo y aplicación plena siguen siendo un reto en buena parte del territorio. Así lo pone de manifiesto el segundo informe de seguimiento presentado por la Plataforma de Infancia, que analiza los avances logrados desde la entrada en vigor de la norma, pero alerta de las carencias que dificultan que los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia se garanticen de forma efectiva y homogénea.

¿Qué es la LOPIVI?

La LOPIVI, aprobada en 2021, supuso un hito histórico en el sistema de protección a la infancia en España, al establecer un marco integral para la prevención, detección y actuación frente a todas las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes. La ley incorpora un enfoque basado en derechos, refuerza la prevención y la detección temprana, impulsa la formación de profesionales, introduce nuevas figuras de protección y promueve una respuesta coordinada entre administraciones y ámbitos clave como la educación, la justicia, el deporte, el ocio y los sistemas de protección.

Avances limitados y necesidad de coordinación

El informe reconoce algunos avances normativos y administrativos, pero advierte de que el desarrollo de la LOPIVI sigue siendo desigual e incompleto. Uno de los principales obstáculos identificados es la falta de una coordinación sólida entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.

“Aprobar la LOPIVI supuso un hito histórico, pero es necesario un trabajo coordinado entre la Administración estatal y las comunidades autónomas, especialmente en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que debe superar las tensiones políticas existentes”, señala Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia. “Es fundamental definir marcos comunes que permitan implantar la LOPIVI en todos los territorios y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia y la adolescencia frente a la violencia”.

Desconocimiento de derechos y ausencia de datos clave

El informe destaca el desconocimiento generalizado de la LOPIVI entre niñas, niños y adolescentes, lo que limita su capacidad para identificar situaciones de violencia y saber cómo y a quién comunicarlas. Esta realidad refuerza la necesidad de impulsar acciones de información, sensibilización y formación adaptadas a la infancia y la adolescencia, así como la existencia de protocolos claros y figuras de protección activas en todos los ámbitos de su vida.

A nivel estatal, el documento alerta de la ausencia de sistemas clave previstos en la ley, como los registros necesarios para contar con datos fiables que permitan conocer y dimensionar la violencia y diseñar políticas públicas adecuadas.

Avances parciales en el ámbito judicial

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, y del Real Decreto 422/2025, supone un avance limitado en la aplicación de la LOPIVI. Estas normas únicamente establecen secciones especializadas de violencia contra la infancia y la adolescencia en Madrid, Cataluña y Andalucía, lo que deja fuera a buena parte del territorio.

Aunque se reconocen mejoras en materia de justicia adaptada, el informe subraya que no se integra plenamente una perspectiva específica de infancia ni un enfoque integral de derechos, lo que limita el alcance real de las medidas previstas y su impacto efectivo en la protección de niñas, niños y adolescentes.

Desigualdades territoriales y ámbitos especialmente sensibles

A nivel autonómico, el informe refleja grandes diferencias en el ritmo de desarrollo e implantación de las medidas previstas en la LOPIVI. El ámbito de los centros de protección requiere una atención específica, teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad de la infancia tutelada: solo una comunidad autónoma dispone de protocolos específicos para prevenir todas las formas de violencia y la figura del referente de protección aún no se ha implantado en ninguna.

Situaciones similares se observan en otros ámbitos. En deporte, ocio y tiempo libre, los protocolos deportivos presentan un mayor grado de desarrollo que los del ocio educativo. En el ámbito educativo, la aplicación de las medidas de protección sigue siendo incipiente y la figura de coordinación de bienestar y protección presenta importantes carencias en la mayoría de territorios.

La representación salesiana en la POI: CEPSS y CONFE

Las Plataformas Sociales Salesianas, a través de la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas (CEPSS), y la Confederación de Centros Juveniles Don Bosco (CONFE) forman parte activa de la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI) a nivel estatal, constituyendo la representación del ámbito salesiano en este espacio de incidencia y defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.

Desde este trabajo en red, las organizaciones salesianas contribuyen al seguimiento, análisis e impulso de políticas públicas que garanticen entornos seguros y libres de violencia para niñas, niños y adolescentes, en coherencia con los principios y objetivos de la LOPIVI.

Incidencia desde CEPSS: pasar de la ley a la acción

Desde la incidencia de CEPSS se subraya que la LOPIVI solo será efectiva si se traduce en medidas concretas, recursos suficientes y una implantación real y homogénea en todos los territorios y ámbitos donde se acompaña a la infancia y la adolescencia. Especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad, resulta imprescindible reforzar la prevención, la formación y las figuras de protección.

Un llamamiento compartido

Ante este escenario, la Plataforma de Infancia hace un llamamiento a los grupos parlamentarios y a las comunidades autónomas para avanzar de forma decidida en la implementación de la LOPIVI, garantizando que su desarrollo normativo y práctico sea pleno y garantista con los derechos de la infancia y la adolescencia.

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