Hace unos días dialogaba con un buen amigo sobre la situación educativa del país y lo controvertido de la nueva ley que la ministra Celaá está defendiendo en nombre del Gobierno. No voy a entrar ahora en los méritos o deméritos de la LOMLOE, ampliamente comentada en tertulias y programas de debate en estas últimas semanas, sino en la rotunda afirmación que me hacía mi interlocutor después de un momento de contraste de pareceres: “yo lo que quiero es una educación pública, laica y de calidad”.

En lo de la calidad – le contesté -, estamos de acuerdo. Pero yo lo que anhelo es en una educación libre, con oportunidades para todos, donde cada ciudadano pueda escoger sin cortapisas la escuela y la propuesta educativa que quiere para sus hijos, sin que se vea condenado al “café para todos” de las pretendidas “desideologizadas” ideologías (solo aparentemente democráticas) que algunos preconizan. Y si es pública porque universal y gratuita, pues mejor. Como debería ser. Pero sin que el estado me diga lo que he de pensar, cómo he de vivir y como debo educar a mis hijos. ¿Por qué es más democrática una enseñanza laica que una enseñanza inspirada en el humanismo cristiano, por ejemplo, si los ciudadanos que escogen una u otra pagan los mismos impuestos? ¿No termina siendo la laicidad una “nueva religión” que nos iguala a todos en el “no derecho”? ¿No es igualmente dictatorial la imposición de una creencia que la obligada laicidad?

Por un gran pacto de estado

Y hablando de laicidad – añadí -, ¡que manía con querer recortar libertades recluyendo lo que somos y vivimos muchos ciudadanos de este país en el forro de nuestra privacidad! Somos lo que somos, pensamos y vivimos en la res publica, en la polis, en la ciudad. Educar es transmitir valores y ningún sistema educativo es neutro. No se trata solo de la clase de religión (cuyo tratamiento en estos días puede banalizar el problema), sino de la impronta de la propuesta educativa, del cuadro axiológico que la inspira y la orienta. La verdadera libertad no está en hurtar las ideas o condenarlas al ámbito de lo privado, sino en dar la oportunidad y la garantía de poder escoger sin cortapisas.

En estos días algunos políticos han vuelto a pedir un gran pacto de estado por la educación. Lo pide a gritos la sociedad civil. No ha sido así. El Parlamento ha aprobado una nueva ley de educación (la octava en democracia) con una pírrica diferencia y la sociedad (y el Parlamento) partida en dos. Gobierno y oposición deberían poder estar por encima de ideologías y de partidos si quieren conseguir el difícil equilibrio de un gran acuerdo en el ámbito educativo. En el diálogo y la negociación, en los que la concertada no puede estar ausente ni ser subsidiaria, no se puede jugar con la libertad y el derecho de los padres a elegir – con garantías constitucionales – la enseñanza y el centro que desean para sus hijos o el proyecto educativo con el que se sienten identificados.

Esta es la exigencia prioritaria de un país democrático, plural y libre que no subordine la educación de sus niños y jóvenes a la estrechez de miras de posiciones ideológicas no respetuosas de la diversidad y la diferencia. La pluralidad y el respeto, el equilibrio y la libertad serán los únicos cauces que garanticen un pacto por la educación con verdadera vocación de estabilidad. Por el bien de los ciudadanos y por el bien del país. Lamentablemente, hemos perdido otra oportunidad. Parafraseando a Fromm, parece que este gobierno tiene miedo a la libertad.