En una sentencia trascendental para la defensa de los derechos fundamentales, el Tribunal Superior  de Justicia de Andalucía ha declarado la nulidad de dos resoluciones administrativas que vulneraban la igualdad y el derecho a la educación del alumnado de centros privados concertados. La sentencia ha anulado tanto la «Orden de 24 de octubre de 2023, por la que se determina el importe, para el curso 2023/2024, de la aportación por parte de la Administración de la Junta de Andalucía para el fomento de la movilidad académica europea en el programa Erasmus+ de los alumnos y alumnas matriculados en los centros docentes públicos de Andalucía», y, por otro, el «Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de mayo de 2017 por el que se autorizan las aportaciones para el fomento de la movilidad académica europea de los alumnos y alumnas matriculados en ciclos formativos de grado superior de formación profesional del sistema educativo en los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco del Programa Erasmus+”

La decisión judicial reconoce que la exclusión de casi 7.000 alumnos/as que cursan sus estudios de Formación Profesional en centros privados concertados constituye una discriminación injustificada y contraria a los principios constitucionales. Escuelas Católicas reitera que toda persona tiene el derecho a acceder a una educación de calidad en condiciones de igualdad, sin importar la titularidad del centro donde cursa sus estudios.

Con este fallo no solo se corrige una injusticia generada por la propia Administración, sino que  también envía un mensaje claro de que las políticas educativas deben garantizar un trato equitativo a todo el alumnado del sistema educativo público andaluz. Escuelas Católicas reafirma su compromiso en la promoción de un sistema educativo inclusivo, en el que se respeten y protejan los principios de igualdad y libertad de enseñanza tanto del alumnado como de los titulares de los centros privados concertados.

Para Escuelas Católicas Andalucía, la decisión judicial representa un hito en la lucha contra la discriminación en el ámbito educativo y sienta las bases para que futuras medidas administrativas se formulen en consonancia con los derechos y garantías establecidos por nuestra Constitución, evitando cualquier forma de discriminación.