La ciudadanía está muy alterada – y con razón- por los precios a los que está llegando la energía. Como ocurre en estos casos, todos buscan cabezas de turco sobre las que descargar las iras, aunque ocurre con frecuencia que la determinación de las causas es más cuestión de emociones que de racionalidad.

Éste no es un tema menor porque afecta especialmente a los más pobres, y por esta sencilla razón deberíamos preocuparnos de informarnos adecuadamente, para evitar caer en la manipulación de quienes manejan los medios de comunicación, aunque nos sean afines. Éste solo es un apunte apresurado que nos remite a una reflexión sobre lo público y lo privado, que se puede aplicar a muchas realidades.

El precio de la electricidad ha subido por un conjunto de causas:

La primera es coyuntural: la subida del precio del gas, debido, a su vez, a múltiples causas que no da tiempo a detallar. Esto se aplica a toda Europa. No es solo una cuestión de nuestro país; pero se agrava por el hecho de que España cuenta con una infraestructura de distribución de gas que está sobredimensionada. Baste pensar que supone el treinta por ciento del total europeo. Su amortización encarece la ya de por sí elevada factura del gas. Las razones de esto se pueden resumir en factores que nada tienen que ver con el bien común, más bien lo contrario.

La segunda reside en la legislación europea. La normativa europea establece el principio del precio marginal de la electricidad, es decir, que se paga el megavatio al precio más caro entre las diferentes fuentes de energía: hidráulica, eólica, fotovoltaica, nuclear o gas. Así, aunque un día de viento y sol, el parque eólico y fotovoltaico produzcan más del sesenta por ciento del total (cifras nada exageradas, teniendo en cuenta las potencialidades del sistema energético español, según Red Eléctrica española), se pagará el megavatio al precio del gas, que es mucho más caro. ¿Y esto por qué? Por la normativa europea que siguen todos los países de la OCDE y que algunos pretenden justificar con la pretensión de que los mercados se autorregulan. Este marco legal, fue pensado en una época cuando había poca energía alternativa. En la actualidad, las energías renovables constituyen una parte importante del sistema energético español.

Por si fuera poco, tenemos el impuesto al CO2, que, en vez de actuar como factor disuasorio de las energías contaminantes, se ha convertido en un negocio para las empresas, que trasladan el coste a los clientes, y especulan con las ganancias que de ello perciben, al jugar con estos valores financieros en bolsa. El colmo.

La tercera razón radica en la situación de oligopolio en que se sustenta el sistema energético español. El sistema marginalista está pensado en el marco teórico del mercado libre, cosa que no sucede más que en las mentes de quienes lo defienden. En la práctica esto da pie a prácticas monopolísticas, que hacen que estos días los beneficios de las eléctricas se hayan multiplicado, y consigan dividendos astronómicos. Esto se agrava por el hecho de las “puertas giratorias”. Muchos políticos acaban su vida en consejos de administración de grandes eléctricas, entre los cuales se cuentan dos expresidentes de gobierno. Los conflictos de intereses son evidentes. El colmo fue el “impuesto al sol” que desmanteló una potente industria nacional de renovables para gloria del oligopolio. Por esa razón se privatizó una empresa pública de electricidad, ENDESA, creada en 1944, con el cuento de que la Unión Europea obligaba a privatizarlas… y fue vendida a ENEL, una empresa pública italiana. Todo esto explica que el precio de la electricidad entre 2008 y 2018 haya subido un sesenta y ocho por ciento en España, y tan solo un veintiocho por ciento en el resto de la Unión Europea.

En resumen, que se nos vende la moto de la eficiencia energética, pero se trata de un sistema que produce desigualdad y permite una escandalosa acumulación de riqueza en manos de unos pocos.

Algunos lo explican culpando a los impuestos del Estado. Y es cierto que los impuestos encarecen el precio, pero la diferencia es que los impuestos tienen destino común, pero los beneficios de las eléctricas sirven para pagar dividendos y sueldos astronómicos de sus responsables.

Tenemos delante un sistema que provoca pobreza, exclusión y desigualdad. Y las causas son complejas. Y no está de más recordar el artículo 128 de la Constitución: “Toda la riqueza del país… en sus diversas formas, y sea cual sea su titularidad, está subordinada al interés general”. No está de más recordárselo en este aniversario de la Constitución, a algunos patriotas que suelen hacer poco caso de algunos artículos.