El 17 de septiembre de 1997 la Fundación Encuentro lideró y promovió la Declaración Conjunta en favor de la Educación, un Pacto Escolar firmado por dieciocho organizaciones, sindicatos y patronales de la enseñanza y seis personalidades de prestigio nacional. Un hito y un modelo para el necesario acuerdo educativo global en nuestro país.

Escuelas Católicas, entonces FERE, fue una de las organizaciones firmantes del documento. En él se afirma: “La educación española, en sus aspectos básicos, no puede quedar sometida a los vaivenes de la coyuntura política y económica. Creemos por tanto que la educación debe ser considerada en estos momentos una cuestión de la máxima prioridad. Desde esta perspectiva, la educación ha de ser objeto de una política de Estado que garantice los medios, las estrategias y los recursos necesarios para hacer frente al más grande de los retos planteados: el logro de una educación de calidad compatible con los principios de equidad social y de libertad”.

Firmar hoy un pacto educativo sería algo inédito en 40 años de democracia. Pero su necesidad es algo en lo que coinciden la mayor parte de los implicados en el mundo de la educación española.

Hay un axioma que se repite en miles de foros sobre educación y resume la incertidumbre que reina ante el presente y el futuro de la escuela. La dijo el exsecretario de Educación de Estados Unidos, Richard Riley: “Estamos preparando a nuestros estudiantes para trabajos que aún no existen, en los que tendrán que usar tecnologías que no han sido inventadas, para resolver problemas en los que no hemos pensado todavía”.

Más allá de si existe una opción real de cerrar un pacto entre fuerzas políticas dispares, la cuestión de fondo es hacia dónde se debe encaminar un sistema educativo en ese panorama de cambios vertiginosos al que alude Riley.

La escuela vive una crisis institucional que difícilmente vamos a atajarla si no nos ponemos de acuerdo en los puntos clave sobre los que puede haber cercanía.

¿Y sobre qué debe hacerse el pacto? Sobre aquellos temas que por su relevancia necesiten ser resueltos antes de ponerse a diseñar políticas concretas: la financiación; la relación entre escuela pública, concertada y privada; los diseños curriculares; los sistemas de evaluación; la arquitectura educativa. Y un asunto fundamental, porque su protagonismo en la calidad educativa es indiscutible: la profesión docente.

Ángel Astorgano

Coordinador Nacional de Escuelas Salesianas